REPORTAJE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Todo parecía que el lunes
15 de septiembre iba a terminar como un día agitado luego de presenciar
bajo el calor intenso los desfiles del Día de Independencia, lo único que buscaba la mayoría de la
población guatemalteca después de mediodía
era descansar. Mientras tanto, en la sala de redacción del matutino
elPeriódico, se efectuaba la última revisión del reportaje de investigación que
saldría al día siguiente. Se trataba nada menos que la finca que posee la
vicepresidenta Roxana Baldetti. Ubicada
en las altas tierras del municipio de Tecpán, Chimaltenango, valorada en más de
Q.25 millones, una cantidad no hubiera ganado ahorrando su sueldo con durante
su periodo como vicemandataria ni como ocho años que estuvo de diputada.
Tres semanas atrás, en el mismo medio se había publicado un
reportaje sobre una hacienda propiedad del presidente Otto Pérez Molina en donde evidenciaba que en dicho inmueble
tipo señorial, además de acabados en mármol se podía encontrar hipopótamos,
aves exóticas y caballos purasangre, todo valorado en Q.2 millones, mismo que
se había construido entre el 2011 y 2012, debido a esta publicación la el
presidente fue criticado por la sociedad guatemalteca.
Pero esta en esta ocasión la inteligencia del Estado no iba
a permitir el mismo impacto negativo obtenido de la publicación de la hacienda
de Pérez Molina. Lograron obtener una
copia de la versión impresa del reportaje y con autorización de la vicepresidenta la tarde de ese lunes la página oficial de la
Vicepresidencia hizo una publicación
titulada: “elPeriódico mantiene campaña de desprestigio contra el Gobierno”. Mostraron las imágenes filtradas del reportaje e
indicaron que la publicación de los
bienes del binomio presidencial formaba parte de una campaña de desprestigio
dirigida a los mandatarios por José Rubén Zamora, presidente del medio.
Hecha la publicación la noticia corrió como vientos de noviembre
sobre las columnas de opinión, medios digitales y redes sociales, donde
señalaban que la inteligencia del Estado está infiltrada en los medios de comunicación. Por lo que el plan de defender a Baldetti
sobre un reportaje que aún no había sido publicado falló. Al día siguiente, como era de esperarse, la población guatemalteca se enteró del
millonario inmueble que la vicepresidenta no quería que se diera a conocer.
Ambos mandatarios
pudieron haber denunciado los reportajes, sin embargo el problema no había
comenzado allí. Al poco tiempo he haber tomado posesión el Ejecutivo, en el
2011, los reportajes de elPeriódico sobre las anomalías del gobierno se dieron
a conocer, lo cual hizo que tomaran represalias contra Zamora a tal grado que el binomio
presidencial denunció a Zamora por los delitos de coacción, extorsión, desacato
a los presidentes de los organismos del Estado y violencia contra la mujer,
pero en diciembre del 2013, Pérez y Baldetti retiraron las denuncias hechas
contra Zamora con el afán de mantener la libertad de expresión en el país.
Sin embargo, La campaña de desprestigio a través el espionaje
repercutió a nivel internacional a tal grado que fue incluido en el informe
semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrado el pasado 12
de octubre en Santiago, Chile. La SIP indica que la libertad de expresión en
Guatemala no sólo se ve afectada por la intervención del Estado, también por la
violación al libre acceso a la información en muchos casos.
Así como este caso
existen otros donde los periodistas han tenido problemas con los funcionarios,
instituciones y municipalidades quienes no quieren entregar informes como
demanda la Ley de Acceso a la Información Pública, emitida por el decreto
57-2008.
Según una publicación
hecha por el periódico Prensa Libre el pasado 17 de marzo, evidenció que el
55.76% de las 1,243 instituciones públicas y privadas registradas no cumplen
con lo que la ley demanda. En la publicación, Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos se
comprometió a realizar las denuncias respectivas en la Contraloría General de cuentas
y el Ministerio Público.El proceso judicial contra estos funcionarios tardará
mucho tiempo en resolverse, mientras
tanto, hasta ese entonces, la información tardará en obtenerse.
Información difícil de obtener, difícil de recabar.
Otto Ángel, director de redacción del noticiero del canal
Guate Visión, indica que muchas instituciones se ven molestas a entregar
información, principalmente los
funcionarios y relacionistas públicos, pues saben que de alguna manera va a
perjudicarlos y lo que hacen es que piden una cantidad de tiempo para que retrase
la entrega de la información.
En el interior del país se le agrega otro problema a l
momento de solicitar la información.
Omar Méndez, corresponsal de un medio escrito de circulación nacional
indica que algunos funcionarios incluso desconocen la ley de Acceso a la
Información Pública, “a veces cuando uno se acerca a un funcionario y hacemos
la petición piensan que nos hacen un favor en darla o en ocasiones se niegan
pues indican que solos los altos mandos como ministros pueden otorgarlo.” Este
problema sucede debido a que la cobertura en los departamentos se extiende sólo
a nivel comunitario y municipalidades en donde no aun no conocen sobre el tema.
Por su parte, los encargados de brindar información pública
también ven este trabajo como una tarea difícil realizar. César Alvarado, quien
ha trabajado en dos municipalidades del departamento de Escuintla como
relacionista público, refirió que en ocasiones es difícil obtener información,
pues muchas veces se requiere de una investigación que podría tardar meses o
años, ya que algunos registros son tan antiguos que se encuentran deteriorados
y no se cuenta con la tecnología para digitalizarla ni con el personal para
realizarlo, mientras, la información que
se ha generado durante la administración si puede conseguir, pero lleva un
lapso de al menos 10 días para entregar y en el caso que sea difícil de
conseguir el plazo se pueda ampliar, tal y como demanda la ley (refiriéndose al
artículo 42 de Ley de Acceso a la Información Pública).
Amenazas y autocensura.
Muchos comunicadores, reporteros y periodistas sufren de
amenazas de manera directa e indirecta y autocensura por parte del medio al que
reportan. Otto Ángel manifiesta que el acceso a la información puede tener reacciones negativas por parte de
algunas dependencias, principalmente por aquellas que tienen mucho poder o se
sienten que lo tienen. “estoy reporteando algo, me llaman de redacción y me
dicen, (sic) ‘mire, no publique, porque se va la pauta’ o ‘no publique porque
ya sé dónde está su esposa’.” La primera es por presiones que han llegado
debido a que la información está vinculada con los anunciantes del medio;
mientras que la segunda, las amenazas suceden a través de llamadas anónimas.
También agrega que en ocasiones los afectados reaccionan de
forma positiva ya que en base a la información publicada toman acciones para mejorar, en el caso de
las municipalidades la acción es casi inmediata, pues necesitan quedar bien con
la población.
La SIP en su informe de octubre manifiesta que el Estado de
Guatemala castiga a los medios quienes no son afines al gobierno en su línea editorial,
evidencian que les recortan o prohíben publicidad estatal, además, instan a
anunciantes particulares que no pauten publicidad en estos medios, mientras que
los medios que no critican ni investigan
al gobierno son beneficiados con
publicidad cuyos costos se contabilizan en millones de quetzales.
Funcionarios sin preparación.
Ana Lucía Blas, directora del departamento de comunicación
de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), indica que el
libre acceso a la información es una debilidad del Estado en general, pues hay
cierta dificultad en cumplir las peticiones que se realizan ya que en ocasiones
han recibido información incompleta, pues en la administración del antiguo gobierno
las eliminan según el partido político que ocupara el lugar o no den a
cabalidad la información solicitada.
Por lo que Blas refirió que es necesaria una Ley de Servicio
Civil el cual promueva el perfil de funcionarios que puedan preservar la información
y pueda ser consultada por cualquiera ciudadano.
Respuesta por parte del gremio
.
Rony Osorio, tercer director de la Asociación de Periodistas
de Guatemala (APG), indicó que han tenido reuniones con Thelma Aldana, fiscal
general del Ministerio Público, para establecer el avance contra 75 denuncias
de agresiones y atropellos a la libertad
de información así como la investigación del asesinato de cuatro periodistas
del cual existen denuncias. Aldana
prometió agilizar el proceso de las denuncias realizadas en la Fiscalía de
Delitos contra los Periodistas, por lo que hay que esperar que sus palabras no
se las lleve el viento.
Marco internacional.
Guatemala se encuentra entre los países que más dificultades
afronta con el libre acceso a la información pública, así lo describió la SIP,
en un comunicado realizado el 22 de octubre
donde manifiesta que junto a naciones como Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana, no cumplen con
una política de transparencia de información, por lo que exhorta a los países
garantizar la efectividad a través de la educación del ciudadano para conocer
los derechos y formas de cómo solicitar información y castigos para aquellos
funcionarios y entidades públicas que nieguen información.
A pesar de las amenazas, la autocensura, la falta de interés
en una política de información pública transparente, los profesionales de la
información del país cada día siguen tras la verdad que no se quiere dar a
conocer y esto lo hacen ejerciendo periodismo, profesión que el escritor
Gabriel García Márquez definió como: “el mejor
oficio del mundo”.